“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, dice el art. 56.3 de la Constitución. Cuando actúa como Jefe de Estado debe asistirlo un miembro del gobierno que asume la responsabilidad de la conducta del Rey (art. 64.2 CE). Esto lo ilustra la presencia del Presidente o un ministro, el llamado ministro de la jornada, acompañándole en un acto oficial, o bien con la contrafirma. Cada vez que Felipe VI firma un decreto, una ley, un tratado internacional… un miembro del gabinete debe firmar a su lado. En el caso de la propuesta de candidato al debate de investidura acompaña a su firma la de quien presida el Congreso.

Sin estos refrendos tácitos —el acompañamiento— o expreso —la contrafirma— los actos públicos del Rey carecen de valor jurídico.

La inviolabilidad va más allá. El catedrático en Derecho Constitucional y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Aragón Reyes, describe el estatus que esta prerrogativa otorga al monarca afirmando que sobre su persona las leyes tienen fuerza de obligatoriedad, pero no de coercitividad. Debe cumplirlas, pero si las contraviene no le podemos sancionar.

Por supuesto, si el Rey mostrara una conducta criminal las Cortes podrían habilitar procedimientos para destituirlo o incluso traer la república. Pero su estatus actual le hace inmune a los tribunales, ya no para juicios penales, sino incluso para una pedirle una prueba de paternidad.

No sé a vosotros… a mí este estatus no me parece justo ni razonable. Una postura minoritaria del constitucionalismo sostiene que la constitución debe interpretarse en el sentido de que la inviolabilidad cubre al Rey sólo para sus funciones como Jefe de Estado, pero no en su vida privada. Desafortunadamente, el texto constitucional me parece que deja poco margen para esta interpretación. Después de todo, ¿quién dijo que una norma legal no puede ser injusta?

Pensemos en esto: ¿Si el Rey es irresponsable en sus actos oficiales, qué necesidad tiene de ser también inviolable en el ejercicio de los mismos? Si le pidieran que firmara algo ilegal, se juzgaría al miembro del Gobierno que lo hubiera inducido a ello. Él no sería responsable ni civil ni penalmente. Por otro lado, su inviolabilidad no impide que declare en un juicio como testigo. También es verdad que sólo declarará si él lo desea, privilegio que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) reserva al monarca, su consorte, Heredero/a y Regentes del Reino (art. 411) desde 1882. Sí, aún no lo hemos cambiado desde entonces…

Otra cosa que no hemos cambiado, perdonad pero si no lo digo reviento, es el art. 418 LECrim, que establece que no estamos obligados a declarar contra nuestros parientes más cercanos y nuestra pareja, pero de este derecho “se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar contra la seguridad del Estado, la tranquilidad pública o a la sagrada persona del Rey o su sucesor.”

En esos casos, estamos obligados a declarar siempre… (Pausa para risas o para indignarse).

Volviendo a lo nuestro, la Constitución distingue entre “irresponsabilidad” en sus actos públicos e “inviolabilidad”. No tendría sentido interpretar que esta se circunscribe a los actos públicos u oficiales, porque entonces “irresponsabilidad” e “inviolabilidad” serían una repetición, una reiteración sin sentido en el texto jurídico, pues, de acuerdo con las reglas de interpretación de la ciencia jurídica, con más aceptación universal, cada término que aparece en un texto legal debe dotarse de un contenido propio.

Como no se cansan de repetirnos los incondicionales de la Corona, todas las monarquías europeas establecen la inviolabilidad regia y ellos lo tienen claro: el Rey o Reina es inviolable, luego no está sujeto a las leyes. Otra cuestión es que todos cometan un error y nosotros digamos que hemos acertado por repetirlo…

La existencia de la monarquía en una democracia sólo se justifica cuando esta carece de poderes de gobierno y, especialmente, cuando la monarquía goza de amplia adhesión popular. A menudo, esto lo consigue entroncándose en una concepción de identidad nacional, en que la gente ve en el monarca a un símbolo de esa identidad que se desvanecería si el trono desapareciera. Tampoco es raro en nuestros días que algunas monarquías se hagan simpáticas a sus ciudadanos, identificándose con causas benéficas, proyectos culturales etc. La Familia Real despierta entonces simpatías de un modo parecido a las celebrities. Por último, esto ya es más raro, un Rey puede justificar su existencia en la Europa del tercer milenio en base a su utilidad institucional, sea el arbitraje entre partidos o acciones diplomáticas.

En el caso español la monarquía siempre se ha apoyado sobre todo desde un argumento bastante cínico: ¿Has pensado que sin el Rey podrías tener un Presidente de República que te cayera mal o que fuera malo? Poco habrá que alabar en quien se ve defendido por la premisa de “el otro es peor”.

Si quiere sobrevivir la monarquía debe buscar un nuevo rol, rehacer puentes con los ciudadanos y admitir controles, tan solemnes como se quiera, pero controles de otras instituciones bajo el imperio de la Ley. A día de hoy, la inviolabilidad perjudica a la monarquía en lugar de protegerla, como la perjudican el art. 418 LECrim o que el homicidio del monarca y de la Princesa de Asturias se castigue con prisión permanente revisable en el Código Penal (art. 485.1), cuando un homicidio ordinario se pena, en comparación, con entre diez y quince años (art. 138.1 CP).

Cualquier diputado o senador monárquico debería estar abierto a modificar la Carta Magna en ese sentido, si de verdad desea que la monarquía tenga posibilidades, las aproveche bien o mal, para volver a ser transversal.

¿Es difícil quitarle al Rey su inviolabilidad? Tan fácil o tan difícil como sea reunir a una mayoría cualificada de 2/3 en el Congreso y el Senado. Es verdad que al tocar la Corona hay que usar el procedimiento agravado de reforma (art. 168 CE), el propio para la reformar los artículos relativos a Derechos Fundamentales, forma de Estado y el Rey. En los medios se ha repetido mucho que esta reforma exige elecciones anticipadas y un referéndum. Y yo me pregunto ¿dónde está el problema? Para empezar, recuerdo que las dos últimas elecciones generales han sido dobles, porque hubo que repetirlas a falta de acuerdo entre los partidos. En elecciones anticipadas, los españoles estamos curados de espantos.

Además, como han señalado ya muchos constitucionalistas, bastaría con aprobar la reforma agravada al final de una legislatura. Así, las elecciones anticipadas coincidirían en fechas con las ordinarias.

El Congreso y el Senado surgidos de las elecciones ratifican la voluntad de llevar a cabo la reforma y luego aprueban el texto. Para lo último, la mayoría exigida es, de nuevo, de 2/3 de cada cámara. Luego en los treinta días siguientes se convoca el referéndum y en los sesenta siguientes se celebra, tal y como establece el art. 7 de la Ley Orgánica 2/1980, que regula los diversos tipos de referéndum.

Al final, es un problema de voluntad de acuerdo, de reunir 2/3 de los diputados y senadores. No es una mayoría tan diferente a la que la Constitución exige para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o Magistrados del Tribunal Constitucional (mayoría de 3/5 en ambos casos).

Ya que estamos, se podría aprovechar la misma reforma para quitar otros anacronismos reales, aparte de la inviolabilidad. A saber:

—Que el varón tenga preferencia en la sucesión al trono (art. 57.1 CE)

—O que ante la posibilidad de que Felipe VI muriera y Leticia contrajera segundas nupcias, mientras Leonor fuera menor de edad, perdería la tutela de su hija mayor —sólo de la mayor— en favor del Tutor que nombraran las Cortes (art. 60.1 CE). Eso sí, podría seguir siendo Regente del Reino y tutora de Sofía, lo que es poco coherente.

Evidentemente, 2/3 de las Cortes exigen un pacto entre izquierdas y derechas. Sin él, la monarquía no puede reformarse ni abolirse. Pero si sólo las derechas sostienen al monarca, el papel de la monarquía queda tan perjudicado que no es osado decir que se pone en marcha el cronómetro de la caducidad del trono.

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