El exjugador del Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool y Real Sociedad, Xabi Alonso, se enfrenta a ocho años de cárcel por tres cargos de fraude fiscal en relación a los ingresos generados por los derechos de imagen entre 2010 y 2012, cuando militaba en el Real Madrid, según publica El Confidencial. El jugador defiende su inocencia y, al igual que en el caso de Cristiano Ronaldo, se niega a un acuerdo de conformidad con una pena que le evite entrar en prisión.

El caso de Xabi Alonso ha dado muchas vueltas por los Juzgados desde 2015. Ese año, la Agencia Tributaria envió el caso a la Fiscalía al considerar que había defraudado con la explotación de sus derechos de imagen a través de una sociedad radicada en Madeira.

En principio, la Fiscalía de delitos económicos de Madrid no apreció delito y archivó el caso, así como el juez instructor, que dijo que el jugador no había cometido ningún delito sino que había aprovechado una opción fiscal beneficiosa dentro del territorio de la Unión Europea. En concreto, se trata de una zona franca donde los impuestos son de menos del 5% para empresas como la utilizada por Xabi Alonso.

No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el caso al considerarlo tan complejo que veía razones tanto para condenar al futbolista como para absolverlo, por lo que indicó que lo mejor era que se decidiese en un juicio. Es en este marco en el que la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, solicita en un escrito una pena de prisión de ocho años y ocho millones de euros entre lo defraudado y la multa.

Según el escrito, días antes de fichar por el Real Madrid en 2009, Xabi Alonso cedió la explotación de sus derechos de imagen a Kardzali, una sociedad sin empleados radicada en Madeira, a cambio de cinco millones de euros que se le irían devolviendo al jugador. Meses después, el tolosarra adquirió Kardzali por 5.000 euros a la compañía panameña que hasta entonces figuraba como dueña.

La cantidad de casi cinco millones de euros por la que es acusado de fraude, la recibió la empresa de las distintas marcas con las que el jugador hizo publicidad. Según el escrito de la Abogacía, esa cantidad le fue transferida a Xabi Alonso como pago de la deuda contraída en 2009, por lo que se le acusa de defraudar 2,49 millones de euros, la cantidad de IRPF correspondiente a lo pagado a Kardzali por parte de las marcas con las que colaboró.

La acusación añade que Alonso contó con la ayuda de su asesor fiscal, Iván Zaldúa, y de Ignasi Maestre, administrador de Igmasa, una «entidad especializada en facilitar este tipo de estructuras». Ambos «actuaron de forma concertada» con Alonso y con «pleno conocimiento de que sus actuaciones» para «defraudar a la Hacienda Pública española» y por ello los acusa como cooperadores necesarios.

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